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La Multisectorial de Mujeres de Salta exhortó al Ejecutivo provincial a brindar una respuesta efectiva a las 8 Jefas de familias, desalojadas en un gigantesco operativo policial el martes pasado del asentamiento Los Pinos, en San Lorenzo. Con la adhesión de las abogadas del Instituto de Género del Colegio De Abogadxs de Salta, el Comité de Latinoamerica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, GEMA (Genero y Masculinidades), Unión Mundial de Mujeres Americanas y Mujeres Trans Argentina se difundió este exhorto al final de la semana.
“El desalojo ordenado constituye una grave violación a los derechos humanos, en particular, el derecho a un nivel de vida adecuado, a una vivienda digna y a una vida libre de violencia, tal como lo prescriben la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( art. 11), Pacto de San José de Costa Rica (arts. 8 y 21), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3, 12 ,27), lo establecido en el párrafo 2 h) del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belém do Pará”, recordó el documento firmado por la titular de la MMS, Marta César.
Además, puntualizó que “estos derechos cuentan con jerarquía constitucional (art. 75 inc.22 CN, 14 bis CN) y su efectivización resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino por haber suscripto los mencionados instrumentos Internacionales”. A lo que se le adicionó el ordenamiento normativo local que exige que “al tomar conocimiento de vulneraciones de derechos de este grupo de personas (Ley Nacional 26061 y Ley Provincial 7970)” obliga a actuar a favor de estas 8 familias al Ejecutivo provincial como al municipal sanlorenceño.
En función de este contexto normativo, las entidades civiles apuntaron a “que la responsabilidad del Estado está comprometida, tanto por la acción de la Sra. Jueza Zunino, que ordenó el desalojo sin garantizar realmente ese derecho (a un nivel de vida adecuado), como por la omisión del Poder Ejecutivo en la adopción de medidas y el silencio del Ministerio Público Pupilar”.
Esto último, a pesar que “en la sentencia se resuelve dar intervención a la Asesora de Menores, y oficiar al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia y a la Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de San Lorenzo ´a los efectos de que verifiquen si las imputadas (...)poseen los requisitos necesarios, a efectos de otorgarles una solución habitacional´, lo lógico y ajustado a derecho, hubiese sido esperar respuesta de dichos organismos, a fin de no desamparar y violentar una vez más, no solo a este grupo de mujeres, sino también a les niñes que allí residían”.
A pesar de la operatividad de tales normas y en vistas de la inacción de los responsables, el colectivo de entidades civiles dejó expresada su perplejidad, ante la inacción “del Ministerio de Gobierno, Derecho Humanos, Trabajo y Justicia (a cargo de Ing. Ricardo Villada), del Ministerio de Desarrollo Social (a cargo de Verónica Figueroa), de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia (Directora Lic. Ana Pastrana) y de la Asesoría General de Incapaces (Dra. Mirta Lapad) y de todos los organismos competentes, a los efectos de que actuen de manera inmediata, articulada y coordinadamente”.
Por ello, la Multisectorial y las demás entidades mencionadas instaron al Ejecutivo provincial a tomar “las medidas de acción positivas pertinente para garantizar a estas mujeres y niñes puedan acceder a una vivienda para llevar a cabo una vida en condiciones de dignidad”.
Crédito fotográfico: Anred
NdR, 20 de noviembre de 2020.
