El desalojo del edificio municipal en Santa Victoria Este, sucedido esta medianoche, dejó a los manifestantes con el sabor amargo, característico de la falta de respuestas. La orden del fiscal tartagalense Armando Cazón generó un cierto malestar entre los integrantes de la comunidad wichi que manifestaban desde el lunes en el local comunal.
La orden del funcionario del Ministerio Público Fiscal dispuso el operativo conjunto de Infantería de Tartagal y los policías de Santa Victoria Este, el cual no tuvo detenidos, pero sí dos manifestantes (de una veintena que se había apostado cuatro días atrás, frente al despacho del intendente Rogelio Nerón) lesionados por el forcejeo.
Como ya se adelantó desde NdR (Ver artículo “Cuatro días sin novedades”, NdR, 30 de julio de 2020) los pobladores pedían por agua potable, módulos alimentarios, fondos de asistencia social, y ante la falta de respuesta a sus reclamos por parte de la intendencia a cargo de Rogelio Nerón, la intercesión del gobierno provincial.
NdR, 31 de julio de 2020.
